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Points de vue  >  ¿Cuánto cuesta un genocidio? / Culpables sin causa

¿Cuánto cuesta un genocidio?

¿Cuánto cuesta un genocidio? No me refiero al dinero para la compra de armas y municiones, la contratación de mano de obra como soldados, mercenarios y torturadores. Me refiero al genocidio como dimensión financiera del manejo moderno del riesgo o, en ingles, del risk management. ¿Cuáles son los riesgos que uno corre y como se los pueden limitar? Son preguntas que se tiene que hacer cada gerente moderno. Y, en realidad, siempre se lo ha preguntado.

Solamente nosotros, los mortales, no nos hemos enterados porque estas cifras, riesgos, cuotas, importes, se negocian en forma reservada.

Por ejemplo: Argentina. En ese país hubo un asesinato masivo durante la dictadura militar con 30.000 desaparecidos, según las estimaciones de los organismos de DDHH. Un alto riesgo entonces para el sector de las aseguradoras. Si ellas tuvieran que pagar para decenas de miles de asesinados los seguros de vida, le hubiera costado muy caro a los accionistas. Pero no tenían que pagar. El riesgo fue reducido porque los cadáveres nunca aparecieron y los familiares no podían presentar certificados de disfunción. Un risk management exitoso entonces.

Rodolfo Dietl representante en Buenos Aires de la aseguradora alemana Allianz, una de los más grandes del mundo, aclara: 'Es una condición de todas las aseguradoras, que uno tiene que probar la muerte. Y el vehículo en Argentina es el certificado de disfunción que entrega el Registro Civil'. Y si uno no puede presentar ese papel? 'Bueno, para nosotros esta gente está con vida todavía. En todo el mundo, uno tiene que probar la muerte'.

La gran mayoría de los desaparecidos eran obreros o empleados. Y según la ley 1567 de 1974 cada empleador tenía que contratar un seguro de vida colectivo para sus colaboradores. Pero cuando después del 24 de marzo 1976 el terrorismo de Estado planificó la persecución y asesinato de personas sistemático, las aseguradoras vieron venir perdidas millonarias. El caso de la empresa Mercedes Benz, contra la cual se investigó en varias fiscalías del mundo, tiene la ventaja de que está bien documentado. Al menos, en lo que se refiere a la participación de la empresa. No es así de la participación del actual diputado por el Partido Justicialista, Carlos Federico Ruckauf, entonces secretario General del Sindicato del Seguro y luego promovido por la presidenta argentina Isabel Martínez de Perón como ministro de Trabajo.

Para los 14 desaparecidos, la Mercedes Benz había contratado con la aseguradora Plus Ultra un seguro de vida. Y algunos obreros contrataron, en forma particular, un segundo seguro de vida con la firma para beneficiar a sus familias en caso de muerte. Todos estos obreros fueron secuestrados por uniformados de noche de sus casas, aparecieron poco después en Campo de Mayo y desde aquella época, no se sabe mas de ellos. Desde el punto de vista formal, en ese momento de su 'traslado' esta dado el siniestro. Según memorandums internos de la Mercedes Benz y su casa matriz Daimler-Benz en Stuttgart, la empresa conocía el hecho de su muerte. Entonces, la empresa estaba obligada de anunciar el siniestro frente a Plus Ultra para iniciar el trámite del cobro por los familiares. El plazo para hacerlo eran tres años, suficiente tiempo. Pero la empresa lo omitió. ¿Por qué? Cada uno saca su conclusión, pero ciertamente esta omisión no perjudicó la ecuación financiera en los balances de la aseguradora.

Las viudas no recibieron nada. No sabían en aquel momento que ya eran viudas. Esperaban que sus maridos volvieran a casa cuando los militares decidieran volver a los cuarteles. Y vino aquel diciembre de 1983. Los militares se retiraron. Se abrieron las cárceles pero los maridos secuestrados no volvieron. Y cuando las mujeres tuvieron que asumir y adaptarse a la muerte anunciada de sus seres queridos, ya era tarde para reclamar el dinero por el seguro de vida. Recién en el 1994, el gobierno democrático emitió certificados de defunción para los 'desaparecidos forzados'.

Además, la empresa Plus Ultra no existía mas porque fue adquirida por Allianz en 1988. Esta última no tiene que ver con los desaparecidos y fue tan amable de abrirme sus libros contables. Y apareció algo sorpresivo: de la misma manera como la aseguradora Plus Ultra pudo reducir su riesgo financiero gracias a la omisión de Mercedes Benz de declarar los muertos, también la Mercedes Benz se tomó la libertad de reducir su propio riesgo financiero. Pero no como siempre se hace, hacer pagar a los que no tienen nada, sino a la aseguradora.

En los libros aparece con fecha del 21 de mayo 1985 el pago del seguro de vida colectivo de Mercedes Benz el monto de 1.648.500 pesos por concepto de la muerte del obrero José Mosquera - tres meses antes, como figura en el libro. Pero el obrero Juan José Mosquera desapareció en el 1977. Ese importe equivalía a 2.500 dólares por tratarse de épocas de inflación galopante.

El pago de esta cifra se dio una semana antes de las declaraciones de los familiares de los desaparecidos de Mercedes Benz en el juicio contra los Comandantes de la Junta. La familia Mosquera no apareció en el juicio.

Se puede sospechar que se pagó el dinero para hacer callar a los familiares e impedir una declaración pública. ¿Pero por qué Mercedes Benz no pagó este dinero de su propio bolsillo, sino que lo hizo pagar a la aseguradora? Parece ser un fraude. Yo pregunté a Daimler Chrysler pero no recibí ninguna respuesta.

En la Allianz, los gerentes están desorientados y prometieron buscar más documentos. Pero, probablemente el problema se 'arregle' a puertas cerradas en pacto de caballeros. Es que el delito de fraude estría prescripto y las aseguradoras, sin lugar a dudas, van a hacer todo lo posible para evitar una discusión pública sobre el costo financiero del genocidio argentino. Para los accionistas, balance positivo.

Culpables sin causa

Pocos días antes de Navidad y con el silencio de la prensa argentina la Fiscalía publicó un dictamen en la causa penal por la desaparición de 14 obreros de la Mercedes Benz Argentina durante la dictadura militar. En ella se encuentran involucrados la firma DaimlerChrysler, el secretario general de SMATA, José Rodríguez y el ministro de trabajo durante el gobierno de Isabel Perón, Carlos Ruckauf.

La empresa y el sindicato fueron cómplices de los hechos investigados porque estaban al tanto de la “limpieza“ que se había desatado, escribe el fiscal Federico Delgado, pero “sólo en tanto instituciones“. Y por eso, dice, es muy difícil “discriminar responsabilidades estrictamente penales“ contra individuos. Con otras palabras: es culpable la empresa y el sindicato pero no se podía investigar quién de sus integrantes cometieron estos crímenes y por eso hay que terminar con las investigaciones contra ellos.

Un lindo regalo de navidad para José Rodríguez, Carlos Ruckauf y los accionistas de la multinacional. De los cuales se presume que actuaron organizados desde el anonimato y, por ello, los crímenes quedarán impunes.

En 2002, el abogado de los familiares de los trabajadores desaparecidos de Mercedes Benz, Ricardo Monear Sans, presentó una denuncia por asociación ilícita contra Mercedes Benz Argentina, SMATA y Ruckauf. La tarea de la Justicia, en este caso de la Fiscalía, era entonces investigar si había una asociación ilícita para delinquir y, después, definir quienes eran los integrantes de esta organización ilícita.

El Fiscal cumplió con la primera tarea. Estudió las pruebas presentadas, escuchó a los testigos y pidió la opinión de varios peritos -históricos, escritores y otros-. Todos coinciden que “es obvio que algunos -gerentes de la empresa y dirigentes de SMATA- sabían y de alguna manera participaron. Es más, la conducta posterior de la firma, que continuó pagando los salarios de los desaparecidos por algún tiempo, corrobora nuestra hipótesis referida al conocimiento de los hechos“.

Pero en vez de hablar de una “asociación ilícita“ respecto la cuál conformaría delito la simple simple participación, los investigadores buscan exclusivamente la responsabilidad sobre quienes cumplieron órdenes: “Aún no podemos individualizar a los participes materiales o mediatos del hecho“. Es decir: si los crímenes son cometidos por organizaciones -en el anonimato de las empresas, sindicatos o bandas criminales- y no por individuos, penalmente no se puede hacer nada.

“Aunque parezca irónico, nos enfrentamos a un proceso en el que a nivel macro sabemos que los responsables fueron varios, pero cuyos rostros no conocemos. Y quizás alguien pueda interrogarse acerca de la utilidad de afirmar que existió responsabilidad institucional, sin conocer la cara del horror. Pero la respuesta es sencilla, porque el derecho tiene varias funciones, una de ellas es la de sancionar y una de las otras es normativa, relativa a la obligación Estatal de reconocer que el horror se manifestó a través de una violación sistemática de la dignidad del ser humano“, entienden los investigadores.

Para los querellantes, no parece “ironía“ sino puro cinismo de afirmar la “responsabilidad institucional“ en los crímenes y al mismo tiempo no avanzar con la investigación para esclarecer quienes han sido las caras visibles de estos instituciones ilícitas. Sobre todo porque ya se conocían exactamente y, desde tiempo, algunas caras de estos instituciones y tampoco se investigó contra estos individuos.

Las caras visibles

Recordemos que el gerente de producción de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, entregó en agosto del 1977 al obrero Héctor Ratto a la represión y dio, en la presencia de Ratto, la dirección del obrero Diego Núñez (quien fue secuestrado esa misma noche y sigue desaparecido) a la policía. Que fue el ex ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf, quien, según un documento de la casa matriz Daimler Benz, “siempre colaboró en el combate contra la subversión en la fábrica“ y quien pidió, junto con José Rodríguez de SMATA, el despido de 115 obreros. Muchos de ellos posteriormente desaparecidos.

Las pruebas sobran. Los victimas, los gerentes y los sindicalistas declararon en el Juicio por la Verdad en La Plata, en la Embajada Alemana, en la Fiscalía porteña y en mi documental “Milagros no hay“. Hay también muchas pruebas de la misma Daimler Chrysler. La empresa contrató -y pagó- a un catedrático alemán, Christian Tomuschat, para su defensa y dio a este señor (y sólo a él porque a otras personas este material fue negado) los memorandos internos de Mercedes Benz Argentina de los años 1975, 76 y 77. Estos memorandos prueban que los gerentes denunciaron frente a los servicios de inteligencia de la dictadura a sus obreros y miembros de la Comisión Interna -caso Reimer- como “agitadores“. Reimer después de ser denunciado desaparece.

Los memorandos también prueban que los gerentes conocían el accionar de la represión contra los obreros (que encontraron en los allanamientos y que hablaron en la tortura). Están citados en el “Informe Tomuschat“.

Para cualquier investigación penal estos memorandums deben tener una importancia primordial y, por supuesto, el abogado Monner Sans pidió las declaraciones de los gerentes alemanes y el material del archivo citado por Tomuschat. Lamentablemente, en 4 años de investigación nunca se llegó a eso.

El trámite para conseguir una declaración en el exterior lleva mucho tiempo y pasa por las chancillerías de Argentina y Alemania. No se entiende, leyendo el expediente, porque el pedido inicial de tomar la declaración de los directores de la empresa no se cumplió sino que se prefirió “misteriosamente“ citar a la Comisión Interna de la empresa.

La Fiscalía de Stuttgart llama al jefe de la Comisión Interna, Erich Klemm, y a su asistente Thomas Metz y, por supuesto, ellos dicen lo que todos sabemos: que la Comisión Interna no tenía un plan de exterminio contra sus colegas argentinos y que en su propio archivo no tienen los memorandum internos de la dirección sino solamente algunos volantes y informes generales sobre la industria automotriz.

¿Porque se preguntó a la Comisión Interna -que no tenía nada para decir- y no a la empresa? La única explicación es que había desde el inicio de la investigación una mano negra que quería hacer fracasar que la búsqueda de verdad.

Esta “mano negra“ utilizó el instrumento con una falsa tradución, aprovechando que las declaraciones en la Fiscalía en Stuttgart eran en alemán y había que traducirlas.

En el expediente está la tradución de una profesional argentina nombrada por la Fiscalía. Según Nora Edith Woll el término “Betriebsrat“ (Comisión Interna) significa “Consejo General de la empresa“, aludiendo que éste es la dirección de la Empresa Daimler Chrysler y no la representación de los obreros. Con esta falsa tradución se crea la imagen de que Klemm, el jefe de la Comisión Interna y sindicalista, habló en el nombre de la Empresa.

Yo me entero de eso cuando comparo las declaraciones en alemán con la tradución de la Sra. Woll, motivo por el cual hago la denuncia correspondiente en el Colegio de Traductores pidiendo que la traductora Woll rectifique su tradución falsa hacia la Fiscalía. No hubo caso. La presidenta del Tribunal de Conducta del Colegio, Graciela Souto, me escribió que tendría que dirigirme a la “instancia superior, la Justicia Ordinaria“.

El abogado Monner Sans informó a la Fiscalía sobre la falsificación. Sin embargo, el fiscal utiliza hasta hoy la falsa tradución para fundamentar su dictamen. En vez de preguntar a la empresa se queda con las palabras de unos sindicalistas alemanes que no sabían nada de nada. Nunca llamó a los directores al interrogatorio, ni en Alemania ni en Argentina, y tampoco a José Rodríguez o a Carlos Ruckauf.

Según el fiscal Delgado no se pudo avanzar en la identificación de los individuos y tampoco “encontrar“ la carta de la empresa del 1976 donde se involucra a Ruckauf y Rodríguez en la lucha contra la subversión.

Yo entregué esta carta a la justicia. La escribe un director de la Daimler Benz, el ex oficial de la SS Hanns Martin Schleyer, al jefe del sindicato alemán. Para buscar esta carta Delgado debería haberse dirigido al archivo del sindicato alemán -que está en Frankfurt, donde yo la encontré- o a la empresa en Stuttgart -donde debe estar la copia-.

Sin embargo, el fiscal “busca“ el documento dónde no puede estar y al no encontrar la prueba descarta la responsabilidad de Ruckauf.

“La carta de Ruckauf habría sido enviada desde la casa matriz de Mercedes Benz en Sttutgart, Alemania, el 19 de mayo de 1976. Allí, se habría mencionado que los despidos de los 115 trabajadores que impulsaron la huelga de octubre de 1975 respondían a un «pedido urgente» del Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf. Sin embargo, la existencia del instrumento no pudo ser comprobada, pese a los variados intentos realizados en esa dirección. De los testimonios remitidos por la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, que investigó las desapariciones de que se trata, surge que en la sede central de la empresa no hay documentación que avale aquella afirmación. Y para fundamentar tal conclusión, recurrieron a la declaración de Thomas Metz, jefe del área «Función de Asistencia de la Dirección de Personal del Consejo General de Daimler Chrysler AG», quien el 13 de mayo de 2005 refirió que no existen en el Consejo General de la empresa documentos relacionados concretamente con los casos de las personas nombradas. A la vez, el Sr. Erich Klemm, presidente del Consejo General de Daimler Chrysler AG explicó, mediante nota de fecha 22 de abril de 2005 dirigida a la Fiscalía de Stuttgart, que dicho Consejo disponía de un archivo en microfichas correspondiente a los años de la última dictadura militar, que allí se encontraban documentadas las reuniones del Consejo General y los trabajadores de las comisiones, y que bajo el rubro «Internacional» existía un subtítulo «Mercedes Benz Argentina» sólo dos escritos trataban concretamente sobre la desaparición de trabajadores en Mercedes Benz Argentina, En ninguno de ellos hablaba sobre el «pedido urgente» de Ruckauf“, argumenta Delgado

Tampoco se investigó contra el sindicato. Según el convenio laboral oficial que firmó SMATA con Mercedes Benz, se pagaba el uno por ciento de la venta al sindicato para la “erradicación de los elementos negativos en la fábrica“. Para la Fiscalía, „esa cláusula nunca se efectivizó“. Como prueba toma las declaraciones de SMATA, del Ministerio y de Mercedes Benz. Al mismo tiempo dice que, según las declaraciones de otro gerente, Rubén Cueva, todos los sindicatos lo cobraron “como derecho proveniente de la ley de asociaciones profesionales vigentes“.

Las fichas

En la fábrica de Mercedes Benz en González Catán hubo dos olas de desapariciones: el 5 de enero los militares secuestraron en sus casas a Esteban Reimer y a Hugo Ventura. En la ficha personal de Reimer, del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, aparece la anotación “egreso: 31.3.1983, desaparecido”. Con la misma fecha ”22.3.77–931/5” aparece en la ficha de Ventura.

La segunda ola fue en agosto del 77, cuando secuestran entre el 12 y el 19 a ocho obreros de Mercedes Benz. Sólo Ratto sobrevive. En las fichas de los desaparecidos se encuentra la anotación en el rubro “cambios, sueldos, jornales, Categorías, Secciones y cargos: 24.8.77 .... (sin sueldo) 930/5”. Estaban juntos en Campo de Mayo y la empresa les dio, todavía con vida, la “baja” el 24 de agosto, nueve días antes de su “traslado”, según el testimonio de Ratto. A pesar de los pedidos de los querellantes, la empresa no explicó sus anotaciones, y la Fiscalía cerró la investigación en ese momento.

Se lavó la cara al gerente Tasselkraut

En agosto del 1977 Tasselkraut entregó en su oficina de la fábrica los datos de Diego Núñez, en presencia de Héctor Ratto. Tasselkraut también colaboró en la “entrega“ de Ratto a los represores, probando de convencerlo de irse voluntariamente de la planta.

Ratto sobrevivió y fue, con otros obreros, testigo en el juicio contra las Juntas en 1985. Su testimonio era válido y ayudó a juzgar a los Comandantes. Pero, hoy, en la causa contra la multinacional, parece que Ratto ya no es mas creíble.

Dice el dictamen: “Lamentablemente, Ratto no fue claro en su versión de los hechos a lo largo de sus diferentes declaraciones testimoniales“. El fiscal usa exactamente la misma argumentación que ha utilizado el “experto“ contratado y pagado de la empresa, Tomuschat: '(Ratto) se basa en meras asociaciones de ideas subjetivas'. De esa manera, transforman a una víctima en un mentiroso. La verdad es que Héctor Ratto, torturado y preso en Campo de Mayo, siempre ha dicho lo mismo sobre la situación, cuando Tasselkraut entregaba a él y entregaba la dirección del obrero Núñez.

Pero Tasselkraut, al menos una cara visible de la empresa, parece intocable. También en la causa por apropiación ilícita de menores. Cuando yo entregué las tres partidas de nacimiento de los chicos Tasselkraut, inscriptos como hijos propios -groseramente falsificadas y una de ellas firmada por una partera de Campo de Mayo- a la Fiscalía, esta negó aceptarlas y las mandó al Juzgado en San Martín, donde la causa penal por apropiación duerme pacíficamente. Por décadas ese Juzgado consideró las leyes de amnistía como constitucionales.

A ese mismo Juzgado la Fiscalía porteña quiere mandar la causa de los desaparecidos de Mercedes Benz. Después de haber declarado impunes los cómplices civiles, para la Fiscalía el único responsable sería el General Omar Riveros, quien tenía bajo su comando la Zona Militar IV (Campo de Mayo).

Pero qué pasa si el General Riveros aplicará la misma lógica de la Fiscalía porteña, si dice: Sí, se torturó y se asesinó en Campo de Mayo. Sí, la institución, el Ejercito Argentino era culpable de estos crímenes. Pero yo, Omar Riveros, nunca maté a nadie y no soy la “cara visible“.

¿Porque el oficialismo quiere cerrar la causa en este momento? El mismo presidente Kirchner, alrededor dos años atrás, recibió a los familiares de los desaparecidos de Mercedes Benz en la Casa Rosada y prometió una “comisión de investigación“ y otras cosas (de lo cuál ni una se concretó). En la Casa Rosada, no habló a los familiares del juicio pendiente que había iniciado la DaimlerChrysler en el marco del Banco Mundial, frente al Tribunal de Arbitraje CIADI, contra la República Argentina. El juicio está todavía pendiente, pero se está negociando a full. Obviamente, la causa penal molesta en estas negociaciones.

En cualquier investigación de un crimen quien investiga debe indagar para llegar a los autores: ¿Cui bono? ¿Quién saca provecho del crimen?

Quién sacó provecho del asesinato de los 14 obreros de Mercedes Benz se sabe de la boca del gerente de producción. Preguntado por el juez Leopoldo Schiffrin, en el marco del Juicio por la Verdad, el señor Tasselkraut admite que después de las desapariciones la productividad en la fábrica volvió a crecer. Usó las palabras: “milagros no hay“.

¿Cui bono? Del expediente de la causa penal se sabe ahora que la empresa dejó de pagar los aportes a ANSeS de los obreros que desaparecieron en el 1977 para los últimos dos años, es decir: esos aportes quedaron en el bolsillo de alguien. De la empresa o de algunos directores.

Y recién unos pocos días antes del dictamen del Fiscal, cerrando la causa, el abogado de las víctimas pidió informaciones sobre un seguro de vida que la Mercedes Benz contrató para sus trabajadores, poco antes del golpe de Estado. Pude investigar que, al menos en un caso, se cobró la suma a este seguro de vida (después de las desapariciones). Pero los familiares que están en la causa penal como querellantes dicen que nunca han cobrado un centavo de este seguro de vida. ¿Sería posible que la empresa -como empresa o algunos directores individualmente- se enriquecieron de esa manera: contratando un seguro de vida y, después de haberlos denunciado como “subversivos“, cobrando la fortuna al seguro?

A lo mejor, nunca lo vamos a saber. La fiscalía porteña no va a ayudar para contestar esa pregunta. No se interesó para el ¿Cui bono?

El Fiscal Federico Delgado ha actuado en otras causas seriamente. Pero él es empleado del Estado y la ley dice que tiene que cumplir órdenes de sus superiores. Y el Procurador General de la Nación es Esteban Righi, abogado no solamente del Presidente Kirchner sino también de José Rodríguez.

Ahora, él que tiene la última palabra sobre el cierre de la causa en la justicia bonaerense es el Juez Daniel Rafecas. Y la ley dice que él no tiene que cumplir órdenes.

Texto completo de la causa: J. Nº 3, Sec. Nº 6. Causa nº 17.735/02 “NN s/asociación ilícita”