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Points
de vue > ¿Cuánto cuesta un genocidio?
/ Culpables sin causa |
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Gaby Weber |
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¿Cuánto cuesta
un genocidio? ¿Cuánto cuesta un
genocidio? No me refiero al dinero para la compra de armas y municiones, la
contratación de mano de obra como soldados, mercenarios y torturadores. Me
refiero al genocidio como dimensión financiera del manejo moderno del riesgo
o, en ingles, del risk management. ¿Cuáles son los riesgos que uno corre y
como se los pueden limitar? Son preguntas que se tiene que hacer cada gerente
moderno. Y, en realidad, siempre se lo ha preguntado. Solamente nosotros,
los mortales, no nos hemos enterados porque estas cifras, riesgos, cuotas,
importes, se negocian en forma reservada. Por ejemplo:
Argentina. En ese país hubo un asesinato masivo durante la dictadura militar
con 30.000 desaparecidos, según las estimaciones de los organismos de DDHH.
Un alto riesgo entonces para el sector de las aseguradoras. Si ellas tuvieran
que pagar para decenas de miles de asesinados los seguros de vida, le hubiera
costado muy caro a los accionistas. Pero no tenían que pagar. El riesgo fue
reducido porque los cadáveres nunca aparecieron y los familiares no podían
presentar certificados de disfunción. Un risk management exitoso entonces. Rodolfo Dietl
representante en Buenos Aires de la aseguradora alemana Allianz, una de los
más grandes del mundo, aclara: 'Es una condición de todas las aseguradoras,
que uno tiene que probar la muerte. Y el vehículo en Argentina es el
certificado de disfunción que entrega el Registro Civil'. Y si uno no puede
presentar ese papel? 'Bueno, para nosotros esta gente está con vida todavía.
En todo el mundo, uno tiene que probar la muerte'. La gran mayoría de
los desaparecidos eran obreros o empleados. Y según la ley 1567 de 1974 cada
empleador tenía que contratar un seguro de vida colectivo para sus
colaboradores. Pero cuando después del 24 de marzo 1976 el terrorismo de
Estado planificó la persecución y asesinato de personas sistemático, las
aseguradoras vieron venir perdidas millonarias. El caso de la empresa
Mercedes Benz, contra la cual se investigó en varias fiscalías del mundo,
tiene la ventaja de que está bien documentado. Al menos, en lo que se refiere
a la participación de la empresa. No es así de la participación del actual
diputado por el Partido Justicialista, Carlos Federico Ruckauf, entonces
secretario General del Sindicato del Seguro y luego promovido por la
presidenta argentina Isabel Martínez de Perón como ministro de Trabajo. Para los 14 desaparecidos,
la Mercedes Benz había contratado con la aseguradora Plus Ultra un seguro de
vida. Y algunos obreros contrataron, en forma particular, un segundo seguro
de vida con la firma para beneficiar a sus familias en caso de muerte. Todos
estos obreros fueron secuestrados por uniformados de noche de sus casas,
aparecieron poco después en Campo de Mayo y desde aquella época, no se sabe
mas de ellos. Desde el punto de vista formal, en ese momento de su 'traslado'
esta dado el siniestro. Según memorandums internos de la Mercedes Benz y su
casa matriz Daimler-Benz en Stuttgart, la empresa conocía el hecho de su
muerte. Entonces, la empresa estaba obligada de anunciar el siniestro frente
a Plus Ultra para iniciar el trámite del cobro por los familiares. El plazo
para hacerlo eran tres años, suficiente tiempo. Pero la empresa lo omitió.
¿Por qué? Cada uno saca su conclusión, pero ciertamente esta omisión no
perjudicó la ecuación financiera en los balances de la aseguradora. Las viudas no
recibieron nada. No sabían en aquel momento que ya eran viudas. Esperaban que
sus maridos volvieran a casa cuando los militares decidieran volver a los
cuarteles. Y vino aquel diciembre de 1983. Los militares se retiraron. Se
abrieron las cárceles pero los maridos secuestrados no volvieron. Y cuando
las mujeres tuvieron que asumir y adaptarse a la muerte anunciada de sus
seres queridos, ya era tarde para reclamar el dinero por el seguro de vida.
Recién en el 1994, el gobierno democrático emitió certificados de defunción
para los 'desaparecidos forzados'. Además, la empresa
Plus Ultra no existía mas porque fue adquirida por Allianz en 1988. Esta
última no tiene que ver con los desaparecidos y fue tan amable de abrirme sus
libros contables. Y apareció algo sorpresivo: de la misma manera como la
aseguradora Plus Ultra pudo reducir su riesgo financiero gracias a la omisión
de Mercedes Benz de declarar los muertos, también la Mercedes Benz se tomó la
libertad de reducir su propio riesgo financiero. Pero no como siempre se
hace, hacer pagar a los que no tienen nada, sino a la aseguradora. En los libros
aparece con fecha del 21 de mayo 1985 el pago del seguro de vida colectivo de
Mercedes Benz el monto de 1.648.500 pesos por concepto de la muerte del
obrero José Mosquera - tres meses antes, como figura en el libro. Pero el
obrero Juan José Mosquera desapareció en el 1977. Ese importe equivalía a
2.500 dólares por tratarse de épocas de inflación galopante. El pago de esta
cifra se dio una semana antes de las declaraciones de los familiares de los
desaparecidos de Mercedes Benz en el juicio contra los Comandantes de la
Junta. La familia Mosquera no apareció en el juicio. Se puede sospechar
que se pagó el dinero para hacer callar a los familiares e impedir una
declaración pública. ¿Pero por qué Mercedes Benz no pagó este dinero de su
propio bolsillo, sino que lo hizo pagar a la aseguradora? Parece ser un
fraude. Yo pregunté a Daimler Chrysler pero no recibí ninguna respuesta. En la Allianz, los
gerentes están desorientados y prometieron buscar más documentos. Pero,
probablemente el problema se 'arregle' a puertas cerradas en pacto de
caballeros. Es que el delito de fraude estría prescripto y las aseguradoras,
sin lugar a dudas, van a hacer todo lo posible para evitar una discusión
pública sobre el costo financiero del genocidio argentino. Para los
accionistas, balance positivo. Culpables sin causa Pocos días antes de Navidad y con el silencio de la prensa argentina la Fiscalía publicó un dictamen en la causa penal por la desaparición de 14 obreros de la Mercedes Benz Argentina durante la dictadura militar. En ella se encuentran involucrados la firma DaimlerChrysler, el secretario general de SMATA, José Rodríguez y el ministro de trabajo durante el gobierno de Isabel Perón, Carlos Ruckauf. La empresa y el
sindicato fueron cómplices de los hechos investigados porque estaban al tanto
de la “limpieza“ que se había desatado, escribe el fiscal Federico Delgado,
pero “sólo en tanto instituciones“. Y por eso, dice, es muy difícil
“discriminar responsabilidades estrictamente penales“ contra individuos. Con
otras palabras: es culpable la empresa y el sindicato pero no se podía
investigar quién de sus integrantes cometieron estos crímenes y por eso hay
que terminar con las investigaciones contra ellos. Un lindo regalo de
navidad para José Rodríguez, Carlos Ruckauf y los accionistas de la
multinacional. De los cuales se presume que actuaron organizados desde el
anonimato y, por ello, los crímenes quedarán impunes. En 2002, el abogado
de los familiares de los trabajadores desaparecidos de Mercedes Benz, Ricardo
Monear Sans, presentó una denuncia por asociación ilícita contra Mercedes
Benz Argentina, SMATA y Ruckauf. La tarea de la Justicia, en este caso de la
Fiscalía, era entonces investigar si había una asociación ilícita para
delinquir y, después, definir quienes eran los integrantes de esta
organización ilícita. El Fiscal cumplió
con la primera tarea. Estudió las pruebas presentadas, escuchó a los testigos
y pidió la opinión de varios peritos -históricos, escritores y otros-. Todos
coinciden que “es obvio que algunos -gerentes de la empresa y dirigentes de
SMATA- sabían y de alguna manera participaron. Es más, la conducta posterior
de la firma, que continuó pagando los salarios de los desaparecidos por algún
tiempo, corrobora nuestra hipótesis referida al conocimiento de los hechos“. Pero en vez de
hablar de una “asociación ilícita“ respecto la cuál conformaría delito la
simple simple participación, los investigadores buscan exclusivamente la
responsabilidad sobre quienes cumplieron órdenes: “Aún no podemos
individualizar a los participes materiales o mediatos del hecho“. Es decir:
si los crímenes son cometidos por organizaciones -en el anonimato de las
empresas, sindicatos o bandas criminales- y no por individuos, penalmente no
se puede hacer nada. “Aunque parezca
irónico, nos enfrentamos a un proceso en el que a nivel macro sabemos que los
responsables fueron varios, pero cuyos rostros no conocemos. Y quizás alguien
pueda interrogarse acerca de la utilidad de afirmar que existió
responsabilidad institucional, sin conocer la cara del horror. Pero la
respuesta es sencilla, porque el derecho tiene varias funciones, una de ellas
es la de sancionar y una de las otras es normativa, relativa a la obligación
Estatal de reconocer que el horror se manifestó a través de una violación
sistemática de la dignidad del ser humano“, entienden los investigadores. Para los
querellantes, no parece “ironía“ sino puro cinismo de afirmar la
“responsabilidad institucional“ en los crímenes y al mismo tiempo no avanzar
con la investigación para esclarecer quienes han sido las caras visibles de
estos instituciones ilícitas. Sobre todo porque ya se conocían exactamente y,
desde tiempo, algunas caras de estos instituciones y tampoco se investigó
contra estos individuos. Las caras visibles Recordemos que el
gerente de producción de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, entregó en
agosto del 1977 al obrero Héctor Ratto a la represión y dio, en la presencia
de Ratto, la dirección del obrero Diego Núñez (quien fue secuestrado esa
misma noche y sigue desaparecido) a la policía. Que fue el ex ministro de
Trabajo Carlos Federico Ruckauf, quien, según un documento de la casa matriz
Daimler Benz, “siempre colaboró en el combate contra la subversión en la
fábrica“ y quien pidió, junto con José Rodríguez de SMATA, el despido de 115
obreros. Muchos de ellos posteriormente desaparecidos. Las pruebas sobran.
Los victimas, los gerentes y los sindicalistas declararon en el Juicio por la
Verdad en La Plata, en la Embajada Alemana, en la Fiscalía porteña y en mi
documental “Milagros no hay“. Hay también muchas pruebas de la misma Daimler
Chrysler. La empresa contrató -y pagó- a un catedrático alemán, Christian
Tomuschat, para su defensa y dio a este señor (y sólo a él porque a otras
personas este material fue negado) los memorandos internos de Mercedes Benz
Argentina de los años 1975, 76 y 77. Estos memorandos prueban que los
gerentes denunciaron frente a los servicios de inteligencia de la dictadura a
sus obreros y miembros de la Comisión Interna -caso Reimer- como
“agitadores“. Reimer después de ser denunciado desaparece. Los memorandos
también prueban que los gerentes conocían el accionar de la represión contra
los obreros (que encontraron en los allanamientos y que hablaron en la
tortura). Están citados en el “Informe Tomuschat“. Para cualquier
investigación penal estos memorandums deben tener una importancia primordial
y, por supuesto, el abogado Monner Sans pidió las declaraciones de los
gerentes alemanes y el material del archivo citado por Tomuschat.
Lamentablemente, en 4 años de investigación nunca se llegó a eso. El trámite para
conseguir una declaración en el exterior lleva mucho tiempo y pasa por las
chancillerías de Argentina y Alemania. No se entiende, leyendo el expediente,
porque el pedido inicial de tomar la declaración de los directores de la
empresa no se cumplió sino que se prefirió “misteriosamente“ citar a la
Comisión Interna de la empresa. La Fiscalía de
Stuttgart llama al jefe de la Comisión Interna, Erich Klemm, y a su asistente
Thomas Metz y, por supuesto, ellos dicen lo que todos sabemos: que la
Comisión Interna no tenía un plan de exterminio contra sus colegas argentinos
y que en su propio archivo no tienen los memorandum internos de la dirección
sino solamente algunos volantes y informes generales sobre la industria
automotriz. ¿Porque se preguntó
a la Comisión Interna -que no tenía nada para decir- y no a la empresa? La
única explicación es que había desde el inicio de la investigación una mano
negra que quería hacer fracasar que la búsqueda de verdad. Esta “mano
negra“ utilizó el instrumento con una falsa tradución, aprovechando que las
declaraciones en la Fiscalía en Stuttgart eran en alemán y había que
traducirlas. En el expediente
está la tradución de una profesional argentina nombrada por la Fiscalía.
Según Nora Edith Woll el término “Betriebsrat“ (Comisión Interna) significa
“Consejo General de la empresa“, aludiendo que éste es la dirección de la
Empresa Daimler Chrysler y no la representación de los obreros. Con esta
falsa tradución se crea la imagen de que Klemm, el jefe de la Comisión
Interna y sindicalista, habló en el nombre de la Empresa. Yo me entero de eso
cuando comparo las declaraciones en alemán con la tradución de la Sra. Woll,
motivo por el cual hago la denuncia correspondiente en el Colegio de
Traductores pidiendo que la traductora Woll rectifique su tradución falsa
hacia la Fiscalía. No hubo caso. La presidenta del Tribunal de Conducta del
Colegio, Graciela Souto, me escribió que tendría que dirigirme a la
“instancia superior, la Justicia Ordinaria“. El abogado Monner
Sans informó a la Fiscalía sobre la falsificación. Sin embargo, el fiscal
utiliza hasta hoy la falsa tradución para fundamentar su dictamen. En vez de
preguntar a la empresa se queda con las palabras de unos sindicalistas
alemanes que no sabían nada de nada. Nunca llamó a los directores al
interrogatorio, ni en Alemania ni en Argentina, y tampoco a José Rodríguez o
a Carlos Ruckauf. Según el fiscal
Delgado no se pudo avanzar en la identificación de los individuos y tampoco
“encontrar“ la carta de la empresa del 1976 donde se involucra a Ruckauf y
Rodríguez en la lucha contra la subversión. Yo entregué esta
carta a la justicia. La escribe un director de la Daimler Benz, el ex oficial
de la SS Hanns Martin Schleyer, al jefe del sindicato alemán. Para buscar
esta carta Delgado debería haberse dirigido al archivo del sindicato alemán
-que está en Frankfurt, donde yo la encontré- o a la empresa en Stuttgart -donde
debe estar la copia-. Sin embargo, el
fiscal “busca“ el documento dónde no puede estar y al no encontrar la prueba
descarta la responsabilidad de Ruckauf. “La carta de
Ruckauf habría sido enviada desde la casa matriz de Mercedes Benz en
Sttutgart, Alemania, el 19 de mayo de 1976. Allí, se habría mencionado que
los despidos de los 115 trabajadores que impulsaron la huelga de octubre de
1975 respondían a un «pedido urgente» del Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf.
Sin embargo, la existencia del instrumento no pudo ser comprobada, pese a los
variados intentos realizados en esa dirección. De los testimonios remitidos
por la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, que investigó las desapariciones de
que se trata, surge que en la sede central de la empresa no hay documentación
que avale aquella afirmación. Y para fundamentar tal conclusión, recurrieron
a la declaración de Thomas Metz, jefe del área «Función de Asistencia de la
Dirección de Personal del Consejo General de Daimler Chrysler AG», quien el
13 de mayo de 2005 refirió que no existen en el Consejo General de la empresa
documentos relacionados concretamente con los casos de las personas
nombradas. A la vez, el Sr. Erich Klemm, presidente del Consejo General de
Daimler Chrysler AG explicó, mediante nota de fecha 22 de abril de 2005
dirigida a la Fiscalía de Stuttgart, que dicho Consejo disponía de un archivo
en microfichas correspondiente a los años de la última dictadura militar, que
allí se encontraban documentadas las reuniones del Consejo General y los trabajadores
de las comisiones, y que bajo el rubro «Internacional» existía un subtítulo
«Mercedes Benz Argentina» sólo dos escritos trataban concretamente sobre la
desaparición de trabajadores en Mercedes Benz Argentina, En ninguno de ellos
hablaba sobre el «pedido urgente» de Ruckauf“, argumenta Delgado Tampoco se
investigó contra el sindicato. Según el convenio laboral oficial que firmó
SMATA con Mercedes Benz, se pagaba el uno por ciento de la venta al sindicato
para la “erradicación de los elementos negativos en la fábrica“. Para la
Fiscalía, „esa cláusula nunca se efectivizó“. Como prueba toma las
declaraciones de SMATA, del Ministerio y de Mercedes Benz. Al mismo tiempo
dice que, según las declaraciones de otro gerente, Rubén Cueva, todos los
sindicatos lo cobraron “como derecho proveniente de la ley de asociaciones
profesionales vigentes“. Las fichas En la fábrica de
Mercedes Benz en González Catán hubo dos olas de desapariciones: el 5 de
enero los militares secuestraron en sus casas a Esteban Reimer y a Hugo
Ventura. En la ficha personal de Reimer, del Departamento de Recursos Humanos
de la empresa, aparece la anotación “egreso: 31.3.1983, desaparecido”. Con la
misma fecha ”22.3.77–931/5” aparece en la ficha de Ventura. La segunda ola fue
en agosto del 77, cuando secuestran entre el 12 y el 19 a ocho obreros de
Mercedes Benz. Sólo Ratto sobrevive. En las fichas de los desaparecidos se
encuentra la anotación en el rubro “cambios, sueldos, jornales, Categorías,
Secciones y cargos: 24.8.77 .... (sin sueldo) 930/5”. Estaban juntos en Campo
de Mayo y la empresa les dio, todavía con vida, la “baja” el 24 de agosto,
nueve días antes de su “traslado”, según el testimonio de Ratto. A pesar de
los pedidos de los querellantes, la empresa no explicó sus anotaciones, y la
Fiscalía cerró la investigación en ese momento. Se lavó la cara al
gerente Tasselkraut En agosto del 1977
Tasselkraut entregó en su oficina de la fábrica los datos de Diego Núñez, en
presencia de Héctor Ratto. Tasselkraut también colaboró en la “entrega“ de
Ratto a los represores, probando de convencerlo de irse voluntariamente de la
planta. Ratto sobrevivió y
fue, con otros obreros, testigo en el juicio contra las Juntas en 1985. Su
testimonio era válido y ayudó a juzgar a los Comandantes. Pero, hoy, en la
causa contra la multinacional, parece que Ratto ya no es mas creíble. Dice el dictamen:
“Lamentablemente, Ratto no fue claro en su versión de los hechos a lo largo
de sus diferentes declaraciones testimoniales“. El fiscal usa exactamente la
misma argumentación que ha utilizado el “experto“ contratado y pagado de la
empresa, Tomuschat: '(Ratto) se basa en meras asociaciones de ideas
subjetivas'. De esa manera, transforman a una víctima en un mentiroso. La
verdad es que Héctor Ratto, torturado y preso en Campo de Mayo, siempre ha
dicho lo mismo sobre la situación, cuando Tasselkraut entregaba a él y
entregaba la dirección del obrero Núñez. Pero Tasselkraut,
al menos una cara visible de la empresa, parece intocable. También en la
causa por apropiación ilícita de menores. Cuando yo entregué las tres
partidas de nacimiento de los chicos Tasselkraut, inscriptos como hijos
propios -groseramente falsificadas y una de ellas firmada por una partera de
Campo de Mayo- a la Fiscalía, esta negó aceptarlas y las mandó al Juzgado en
San Martín, donde la causa penal por apropiación duerme pacíficamente. Por
décadas ese Juzgado consideró las leyes de amnistía como constitucionales. A ese mismo Juzgado
la Fiscalía porteña quiere mandar la causa de los desaparecidos de Mercedes
Benz. Después de haber declarado impunes los cómplices civiles, para la
Fiscalía el único responsable sería el General Omar Riveros, quien tenía bajo
su comando la Zona Militar IV (Campo de Mayo). Pero qué pasa si el
General Riveros aplicará la misma lógica de la Fiscalía porteña, si dice: Sí,
se torturó y se asesinó en Campo de Mayo. Sí, la institución, el Ejercito
Argentino era culpable de estos crímenes. Pero yo, Omar Riveros, nunca maté a
nadie y no soy la “cara visible“. ¿Porque el
oficialismo quiere cerrar la causa en este momento? El mismo presidente
Kirchner, alrededor dos años atrás, recibió a los familiares de los
desaparecidos de Mercedes Benz en la Casa Rosada y prometió una “comisión de
investigación“ y otras cosas (de lo cuál ni una se concretó). En la Casa
Rosada, no habló a los familiares del juicio pendiente que había iniciado la
DaimlerChrysler en el marco del Banco Mundial, frente al Tribunal de
Arbitraje CIADI, contra la República Argentina. El juicio está todavía
pendiente, pero se está negociando a full. Obviamente, la causa penal molesta
en estas negociaciones. En cualquier
investigación de un crimen quien investiga debe indagar para llegar a los
autores: ¿Cui bono? ¿Quién saca provecho del crimen? Quién sacó provecho
del asesinato de los 14 obreros de Mercedes Benz se sabe de la boca del
gerente de producción. Preguntado por el juez Leopoldo Schiffrin, en el marco
del Juicio por la Verdad, el señor Tasselkraut admite que después de las
desapariciones la productividad en la fábrica volvió a crecer. Usó las
palabras: “milagros no hay“. ¿Cui bono? Del
expediente de la causa penal se sabe ahora que la empresa dejó de pagar los
aportes a ANSeS de los obreros que desaparecieron en el 1977 para los últimos
dos años, es decir: esos aportes quedaron en el bolsillo de alguien. De la
empresa o de algunos directores. Y recién unos pocos
días antes del dictamen del Fiscal, cerrando la causa, el abogado de las
víctimas pidió informaciones sobre un seguro de vida que la Mercedes Benz
contrató para sus trabajadores, poco antes del golpe de Estado. Pude
investigar que, al menos en un caso, se cobró la suma a este seguro de vida
(después de las desapariciones). Pero los familiares que están en la causa
penal como querellantes dicen que nunca han cobrado un centavo de este seguro
de vida. ¿Sería posible que la empresa -como empresa o algunos directores
individualmente- se enriquecieron de esa manera: contratando un seguro de
vida y, después de haberlos denunciado como “subversivos“, cobrando la fortuna
al seguro? A lo mejor, nunca
lo vamos a saber. La fiscalía porteña no va a ayudar para contestar esa
pregunta. No se interesó para el ¿Cui bono? El Fiscal Federico
Delgado ha actuado en otras causas seriamente. Pero él es empleado del Estado
y la ley dice que tiene que cumplir órdenes de sus superiores. Y el
Procurador General de la Nación es Esteban Righi, abogado no solamente del
Presidente Kirchner sino también de José Rodríguez. Ahora, él que tiene
la última palabra sobre el cierre de la causa en la justicia bonaerense es el
Juez Daniel Rafecas. Y la ley dice que él no tiene que cumplir órdenes. Texto completo de
la causa: J. Nº 3, Sec. Nº 6. Causa nº 17.735/02 “NN s/asociación ilícita” |
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