¿Cuánto cuesta un
genocidio? / Culpables sin causa
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Gaby Weber |
¿Cuánto cuesta un
genocidio? No me refiero al dinero para la compra de armas y municiones, la
contratación de mano de obra como soldados, mercenarios y torturadores. Me
refiero al genocidio como dimensión financiera del manejo moderno del riesgo o,
en ingles, del risk management.
¿Cuáles son los riesgos que uno corre y como se los pueden limitar? Son
preguntas que se tiene que hacer cada gerente moderno. Y, en realidad, siempre
se lo ha preguntado.
Solamente nosotros,
los mortales, no nos hemos enterados porque estas cifras, riesgos, cuotas,
importes, se negocian en forma reservada.
Por ejemplo:
Argentina. En ese país hubo un asesinato masivo durante la dictadura militar
con 30.000 desaparecidos, según las estimaciones de los organismos de DDHH. Un alto riesgo entonces para el sector de las
aseguradoras. Si ellas tuvieran que pagar para decenas de miles de asesinados
los seguros de vida, le hubiera costado muy caro a los accionistas. Pero no
tenían que pagar. El riesgo fue reducido porque los cadáveres nunca aparecieron
y los familiares no podían presentar certificados de disfunción. Un risk management exitoso entonces.
Rodolfo Dietl representante en Buenos Aires de la aseguradora
alemana Allianz, una de los más grandes del mundo,
aclara: 'Es una condición de todas las aseguradoras, que uno tiene que probar
la muerte. Y el vehículo en Argentina es el certificado de disfunción que
entrega el Registro Civil'. Y si uno no puede presentar ese papel? 'Bueno, para nosotros esta gente
está con vida todavía. En todo el mundo, uno tiene que probar la muerte'.
La gran mayoría de
los desaparecidos eran obreros o empleados. Y según la ley 1567 de 1974 cada
empleador tenía que contratar un seguro de vida colectivo para sus
colaboradores. Pero cuando después del 24 de marzo 1976 el terrorismo de Estado
planificó la persecución y asesinato de personas sistemático, las aseguradoras
vieron venir perdidas millonarias. El caso de la empresa Mercedes Benz, contra la cual se investigó en varias fiscalías del
mundo, tiene la ventaja de que está bien documentado. Al menos, en lo que se
refiere a la participación de la empresa. No es así de la participación del
actual diputado por el Partido Justicialista, Carlos
Federico Ruckauf, entonces secretario General del
Sindicato del Seguro y luego promovido por la presidenta argentina Isabel
Martínez de Perón como ministro de Trabajo.
Para los 14
desaparecidos, la Mercedes Benz había contratado con
la aseguradora Plus Ultra un seguro de vida. Y algunos obreros contrataron, en
forma particular, un segundo seguro de vida con la firma para beneficiar a sus
familias en caso de muerte. Todos estos obreros fueron secuestrados por
uniformados de noche de sus casas, aparecieron poco después en Campo de Mayo y
desde aquella época, no se sabe mas de ellos. Desde el punto de vista formal,
en ese momento de su 'traslado' esta dado el siniestro. Según memorandums internos de la Mercedes Benz
y su casa matriz Daimler-Benz en Stuttgart,
la empresa conocía el hecho de su muerte. Entonces, la empresa estaba obligada
de anunciar el siniestro frente a Plus Ultra para iniciar el trámite del cobro
por los familiares. El plazo para hacerlo eran tres años, suficiente tiempo.
Pero la empresa lo omitió. ¿Por qué? Cada uno saca su conclusión, pero
ciertamente esta omisión no perjudicó la ecuación financiera en los balances de
la aseguradora.
Las viudas no
recibieron nada. No sabían en aquel momento que ya eran viudas. Esperaban que
sus maridos volvieran a casa cuando los militares decidieran volver a los
cuarteles. Y vino aquel diciembre de 1983. Los militares se retiraron. Se
abrieron las cárceles pero los maridos secuestrados no volvieron. Y cuando las
mujeres tuvieron que asumir y adaptarse a la muerte anunciada de sus seres
queridos, ya era tarde para reclamar el dinero por el seguro de vida. Recién en
el 1994, el gobierno democrático emitió certificados de defunción para los
'desaparecidos forzados'.
Además, la empresa
Plus Ultra no existía mas porque fue adquirida por Allianz
en 1988. Esta última no tiene que ver con los desaparecidos y fue tan amable de
abrirme sus libros contables. Y apareció algo sorpresivo: de la misma manera
como la aseguradora Plus Ultra pudo reducir su riesgo financiero gracias a la
omisión de Mercedes Benz de declarar los muertos,
también la Mercedes Benz se tomó la libertad de
reducir su propio riesgo financiero. Pero no como siempre se hace, hacer pagar
a los que no tienen nada, sino a la aseguradora.
En los libros aparece
con fecha del 21 de mayo 1985 el pago del seguro de vida colectivo de Mercedes Benz el monto de 1.648.500 pesos por concepto de la muerte
del obrero José Mosquera - tres meses antes, como
figura en el libro. Pero el obrero Juan José Mosquera
desapareció en el 1977. Ese importe equivalía a 2.500 dólares por tratarse de
épocas de inflación galopante.
El pago de esta cifra
se dio una semana antes de las declaraciones de los familiares de los
desaparecidos de Mercedes Benz en el juicio contra
los Comandantes de la Junta. La familia Mosquera no
apareció en el juicio.
Se puede sospechar
que se pagó el dinero para hacer callar a los familiares e impedir una
declaración pública. ¿Pero por qué Mercedes Benz no
pagó este dinero de su propio bolsillo, sino que lo hizo pagar a la
aseguradora? Parece ser un fraude. Yo pregunté a Daimler
Chrysler pero no recibí ninguna respuesta.
En la Allianz, los gerentes están desorientados y prometieron
buscar más documentos. Pero, probablemente el problema se 'arregle' a puertas
cerradas en pacto de caballeros. Es que el delito de fraude estría prescripto y las aseguradoras, sin lugar a dudas, van a
hacer todo lo posible para evitar una discusión pública sobre el costo
financiero del genocidio argentino. Para los accionistas, balance positivo.
Pocos días antes de Navidad y con el silencio de la prensa argentina la Fiscalía publicó un dictamen en la causa penal por la desaparición de 14 obreros de la Mercedes Benz Argentina durante la dictadura militar. En ella se encuentran involucrados la firma DaimlerChrysler, el secretario general de SMATA, José Rodríguez y el ministro de trabajo durante el gobierno de Isabel Perón, Carlos Ruckauf.
La empresa y el
sindicato fueron cómplices de los hechos investigados porque estaban al tanto
de la “limpieza“ que se había desatado, escribe el fiscal Federico Delgado,
pero “sólo en tanto instituciones“. Y por eso, dice, es muy difícil
“discriminar responsabilidades estrictamente penales“ contra individuos. Con
otras palabras: es culpable la empresa y el sindicato pero no se podía
investigar quién de sus integrantes cometieron estos crímenes y por eso hay que
terminar con las investigaciones contra ellos.
Un lindo regalo de navidad para José Rodríguez, Carlos Ruckauf
y los accionistas de la multinacional. De los cuales se presume que actuaron
organizados desde el anonimato y, por ello, los crímenes quedarán impunes.
En 2002, el abogado
de los familiares de los trabajadores desaparecidos de Mercedes Benz, Ricardo Monear Sans,
presentó una denuncia por asociación ilícita contra Mercedes Benz Argentina, SMATA y Ruckauf. La tarea de la Justicia, en este caso de la
Fiscalía, era entonces investigar si había una asociación ilícita para
delinquir y, después, definir quienes eran los integrantes de esta organización
ilícita.
El Fiscal cumplió con
la primera tarea. Estudió las pruebas presentadas, escuchó a los testigos y
pidió la opinión de varios peritos -históricos,
escritores y otros-. Todos coinciden que “es obvio
que algunos -gerentes de la empresa y dirigentes de SMATA- sabían y de alguna manera participaron. Es más, la
conducta posterior de la firma, que continuó pagando los salarios de los
desaparecidos por algún tiempo, corrobora nuestra hipótesis referida al
conocimiento de los hechos“.
Pero en vez de hablar
de una “asociación ilícita“ respecto la cuál conformaría delito la simple simple participación, los investigadores buscan
exclusivamente la responsabilidad sobre quienes cumplieron órdenes: “Aún no
podemos individualizar a los participes materiales o mediatos del hecho“. Es
decir: si los crímenes son cometidos por organizaciones -en
el anonimato de las empresas, sindicatos o bandas criminales- y no por
individuos, penalmente no se puede hacer nada.
“Aunque parezca
irónico, nos enfrentamos a un proceso en el que a nivel macro sabemos que los responsables fueron varios, pero cuyos
rostros no conocemos. Y quizás alguien pueda interrogarse acerca de la utilidad
de afirmar que existió responsabilidad institucional, sin conocer la cara del
horror. Pero la respuesta es sencilla, porque el derecho tiene varias
funciones, una de ellas es la de sancionar y una de las otras es normativa,
relativa a la obligación Estatal de reconocer que el horror se manifestó a
través de una violación sistemática de la dignidad del ser humano“, entienden
los investigadores.
Para los
querellantes, no parece “ironía“ sino puro cinismo de afirmar la “responsabilidad
institucional“ en los crímenes y al mismo tiempo no avanzar con la
investigación para esclarecer quienes han sido las caras visibles de estos instituciones ilícitas. Sobre todo porque ya se
conocían exactamente y, desde tiempo, algunas caras de estos
instituciones y tampoco se investigó contra estos individuos.
Las caras visibles
Recordemos que el
gerente de producción de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, entregó en
agosto del 1977 al obrero Héctor Ratto
a la represión y dio, en la presencia de Ratto, la
dirección del obrero Diego Núñez (quien fue
secuestrado esa misma noche y sigue desaparecido) a la policía. Que fue el ex
ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf, quien,
según un documento de la casa matriz Daimler Benz, “siempre colaboró en el combate contra la subversión
en la fábrica“ y quien pidió, junto con José Rodríguez de SMATA,
el despido de 115 obreros. Muchos de ellos posteriormente desaparecidos.
Las pruebas sobran.
Los victimas, los gerentes y los sindicalistas
declararon en el Juicio por la Verdad en La Plata, en la Embajada Alemana, en
la Fiscalía porteña y en mi documental “Milagros no hay“. Hay también muchas
pruebas de la misma Daimler Chrysler.
La empresa contrató -y pagó- a un catedrático alemán,
Christian Tomuschat, para
su defensa y dio a este señor (y sólo a él porque a otras personas este
material fue negado) los memorandos internos de
Mercedes Benz Argentina de los años 1975, 76 y 77.
Estos memorandos prueban que los gerentes denunciaron
frente a los servicios de inteligencia de la dictadura a sus obreros y miembros
de la Comisión Interna -caso Reimer-
como “agitadores“. Reimer después de ser denunciado
desaparece.
Los memorandos también prueban que los gerentes conocían el
accionar de la represión contra los obreros (que encontraron en los
allanamientos y que hablaron en la tortura). Están
citados en el “Informe Tomuschat“.
Para cualquier
investigación penal estos memorandums deben tener una
importancia primordial y, por supuesto, el abogado Monner
Sans pidió las declaraciones de los gerentes alemanes
y el material del archivo citado por Tomuschat.
Lamentablemente, en 4 años de investigación nunca se llegó a eso.
El trámite para
conseguir una declaración en el exterior lleva mucho tiempo y pasa por las chancillerías de Argentina y Alemania. No se entiende,
leyendo el expediente, porque el pedido inicial de tomar la declaración de los
directores de la empresa no se cumplió sino que se prefirió “misteriosamente“
citar a la Comisión Interna de la empresa.
La Fiscalía de Stuttgart llama al jefe de la Comisión Interna, Erich Klemm, y a su asistente Thomas Metz y, por supuesto,
ellos dicen lo que todos sabemos: que la Comisión Interna no tenía un plan de
exterminio contra sus colegas argentinos y que en su propio archivo no tienen
los memorandum internos de la dirección sino
solamente algunos volantes y informes generales sobre la industria automotriz.
¿Porque se preguntó a
la Comisión Interna -que no tenía nada para decir- y
no a la empresa? La única explicación es que había desde el inicio de la
investigación una mano negra que quería hacer fracasar que la búsqueda de
verdad.
Esta “mano negra“
utilizó el instrumento con una falsa tradución,
aprovechando que las declaraciones en la Fiscalía en Stuttgart
eran en alemán y había que traducirlas.
En el expediente está
la tradución de una profesional argentina nombrada
por la Fiscalía. Según Nora Edith
Woll el término “Betriebsrat“
(Comisión Interna) significa “Consejo General de la empresa“, aludiendo que
éste es la dirección de la Empresa Daimler Chrysler y no la representación de los obreros. Con esta
falsa tradución se crea la imagen de que Klemm, el jefe de la Comisión Interna y sindicalista, habló
en el nombre de la Empresa.
Yo me entero de eso
cuando comparo las declaraciones en alemán con la tradución
de la Sra. Woll, motivo por el cual hago la denuncia
correspondiente en el Colegio de Traductores pidiendo que la traductora Woll rectifique su tradución
falsa hacia la Fiscalía. No hubo caso. La presidenta del Tribunal de Conducta
del Colegio, Graciela Souto,
me escribió que tendría que dirigirme a la “instancia superior, la Justicia
Ordinaria“.
El abogado Monner Sans informó a la Fiscalía
sobre la falsificación. Sin embargo, el fiscal utiliza hasta hoy la falsa tradución para fundamentar su dictamen. En vez de preguntar
a la empresa se queda con las palabras de unos sindicalistas alemanes que no
sabían nada de nada. Nunca llamó a los directores al interrogatorio, ni en
Alemania ni en Argentina, y tampoco a José Rodríguez o a Carlos Ruckauf.
Según el fiscal
Delgado no se pudo avanzar en la identificación de los individuos y tampoco
“encontrar“ la carta de la empresa del 1976 donde se involucra a Ruckauf y Rodríguez en la lucha contra la subversión.
Yo entregué esta
carta a la justicia. La escribe un director de la Daimler
Benz, el ex oficial de la SS Hanns
Martin Schleyer, al jefe
del sindicato alemán. Para buscar esta carta Delgado debería haberse dirigido
al archivo del sindicato alemán -que está en Frankfurt, donde yo la encontré- o a la empresa en Stuttgart -donde debe estar la copia-.
Sin embargo, el
fiscal “busca“ el documento dónde no puede estar y al no encontrar la prueba
descarta la responsabilidad de Ruckauf.
“La carta de Ruckauf habría sido enviada desde la casa matriz de
Mercedes Benz en Sttutgart,
Alemania, el 19 de mayo de 1976. Allí, se habría mencionado que los despidos de
los 115 trabajadores que impulsaron la huelga de octubre de 1975 respondían a
un «pedido urgente» del Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf.
Sin embargo, la existencia del instrumento no pudo ser comprobada, pese a los
variados intentos realizados en esa dirección. De los testimonios remitidos por
la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, que investigó las
desapariciones de que se trata, surge que en la sede central de la empresa no
hay documentación que avale aquella afirmación. Y para fundamentar tal
conclusión, recurrieron a la declaración de Thomas Metz, jefe del área «Función de Asistencia de la Dirección
de Personal del Consejo General de Daimler Chrysler AG», quien el 13 de mayo
de 2005 refirió que no existen en el Consejo General de la empresa documentos
relacionados concretamente con los casos de las personas nombradas. A la vez,
el Sr. Erich Klemm,
presidente del Consejo General de Daimler Chrysler AG explicó, mediante
nota de fecha 22 de abril de 2005 dirigida a la Fiscalía de Stuttgart,
que dicho Consejo disponía de un archivo en microfichas correspondiente a los
años de la última dictadura militar, que allí se encontraban documentadas las
reuniones del Consejo General y los trabajadores de las comisiones, y que bajo
el rubro «Internacional» existía un subtítulo «Mercedes Benz
Argentina» sólo dos escritos trataban concretamente sobre la desaparición de
trabajadores en Mercedes Benz Argentina, En ninguno
de ellos hablaba sobre el «pedido urgente» de Ruckauf“, argumenta Delgado
Tampoco se investigó
contra el sindicato. Según el convenio laboral oficial que firmó SMATA con Mercedes Benz, se
pagaba el uno por ciento de la venta al sindicato para la “erradicación de los
elementos negativos en la fábrica“. Para la Fiscalía, „esa cláusula nunca se efectivizó“. Como prueba toma
las declaraciones de SMATA, del Ministerio y de
Mercedes Benz. Al mismo tiempo dice que, según las
declaraciones de otro gerente, Rubén Cueva, todos los
sindicatos lo cobraron “como derecho proveniente de la ley de asociaciones
profesionales vigentes“.
Las fichas
En la fábrica de
Mercedes Benz en González Catán
hubo dos olas de desapariciones: el 5 de enero los militares secuestraron en
sus casas a Esteban Reimer y a Hugo
Ventura. En la ficha personal de Reimer, del
Departamento de Recursos Humanos de la empresa, aparece la anotación “egreso:
31.3.1983, desaparecido”. Con la misma fecha ”22.3.77–931/5” aparece en la
ficha de Ventura.
La segunda ola fue en
agosto del 77, cuando secuestran entre el 12 y el 19 a ocho obreros de Mercedes
Benz. Sólo Ratto sobrevive.
En las fichas de los desaparecidos se encuentra la anotación en el rubro
“cambios, sueldos, jornales, Categorías, Secciones y cargos: 24.8.77 .... (sin
sueldo) 930/5”. Estaban juntos en Campo de Mayo y la empresa les dio, todavía
con vida, la “baja” el 24 de agosto, nueve días antes de su “traslado”, según
el testimonio de Ratto. A pesar de los pedidos de los
querellantes, la empresa no explicó sus anotaciones, y la Fiscalía cerró la
investigación en ese momento.
Se lavó la cara al gerente Tasselkraut
En agosto del 1977 Tasselkraut entregó en su oficina de la fábrica los datos
de Diego Núñez, en presencia de Héctor
Ratto. Tasselkraut también
colaboró en la “entrega“ de Ratto a los represores,
probando de convencerlo de irse voluntariamente de la planta.
Ratto sobrevivió y fue, con otros obreros,
testigo en el juicio contra las Juntas en 1985. Su testimonio era válido y
ayudó a juzgar a los Comandantes. Pero, hoy, en la causa contra la
multinacional, parece que Ratto ya no es mas creíble.
Dice el dictamen:
“Lamentablemente, Ratto no fue claro en su versión de
los hechos a lo largo de sus diferentes declaraciones testimoniales“. El fiscal
usa exactamente la misma argumentación que ha utilizado el “experto“ contratado
y pagado de la empresa, Tomuschat: '(Ratto) se basa en meras asociaciones de ideas subjetivas'.
De esa manera, transforman a una víctima en un mentiroso. La verdad es que Héctor Ratto, torturado y preso
en Campo de Mayo, siempre ha dicho lo mismo sobre la situación, cuando Tasselkraut entregaba a él y entregaba la dirección del
obrero Núñez.
Pero Tasselkraut, al menos una cara visible de la empresa,
parece intocable. También en la causa por apropiación ilícita de menores.
Cuando yo entregué las tres partidas de nacimiento de los chicos Tasselkraut, inscriptos como hijos propios -groseramente falsificadas y una de ellas firmada por una
partera de Campo de Mayo- a la Fiscalía, esta negó aceptarlas y las mandó al
Juzgado en San Martín, donde la causa penal por apropiación duerme
pacíficamente. Por décadas ese Juzgado consideró las leyes de amnistía como
constitucionales.
A ese mismo Juzgado
la Fiscalía porteña quiere mandar la causa de los desaparecidos de Mercedes Benz. Después de haber declarado impunes los cómplices
civiles, para la Fiscalía el único responsable sería el General Omar Riveros, quien tenía bajo su
comando la Zona Militar IV (Campo de Mayo).
Pero qué pasa si el
General Riveros aplicará la misma lógica de la
Fiscalía porteña, si dice: Sí, se torturó y se asesinó en Campo de Mayo. Sí, la
institución, el Ejercito Argentino era culpable de estos crímenes. Pero yo, Omar Riveros, nunca maté a nadie
y no soy la “cara visible“.
¿Porque el oficialismo quiere cerrar la causa en este momento? El
mismo presidente Kirchner, alrededor dos años atrás,
recibió a los familiares de los desaparecidos de Mercedes Benz
en la Casa Rosada y prometió una “comisión de investigación“ y otras cosas (de
lo cuál ni una se concretó). En la Casa Rosada, no
habló a los familiares del juicio pendiente que había iniciado la DaimlerChrysler en el marco del Banco Mundial, frente al
Tribunal de Arbitraje CIADI, contra la República
Argentina. El juicio está todavía pendiente, pero se está negociando a full. Obviamente, la causa penal molesta en estas
negociaciones.
En cualquier
investigación de un crimen quien investiga debe indagar para llegar a los
autores: ¿Cui bono? ¿Quién saca provecho del crimen?
Quién sacó provecho
del asesinato de los 14 obreros de Mercedes Benz se
sabe de la boca del gerente de producción. Preguntado por el juez Leopoldo Schiffrin, en el marco
del Juicio por la Verdad, el señor Tasselkraut admite
que después de las desapariciones la productividad en la fábrica volvió a
crecer. Usó las palabras: “milagros no hay“.
¿Cui
bono? Del expediente de la causa penal se sabe ahora que la empresa dejó de
pagar los aportes a ANSeS de los obreros que
desaparecieron en el 1977 para los últimos dos años, es decir: esos aportes
quedaron en el bolsillo de alguien. De la empresa o de algunos directores.
Y recién unos pocos
días antes del dictamen del Fiscal, cerrando la causa, el abogado de las
víctimas pidió informaciones sobre un seguro de vida que la Mercedes Benz contrató para sus trabajadores, poco antes del golpe
de Estado. Pude investigar que, al menos en un caso, se cobró la suma a este
seguro de vida (después de las desapariciones). Pero
los familiares que están en la causa penal como querellantes dicen que nunca
han cobrado un centavo de este seguro de vida. ¿Sería posible que la empresa -como empresa o algunos directores individualmente- se
enriquecieron de esa manera: contratando un seguro de vida y, después de
haberlos denunciado como “subversivos“, cobrando la fortuna al seguro?
A lo mejor, nunca lo
vamos a saber. La fiscalía porteña no va a ayudar para contestar esa pregunta.
No se interesó para el ¿Cui
bono?
El Fiscal Federico
Delgado ha actuado en otras causas seriamente. Pero él es empleado del Estado y
la ley dice que tiene que cumplir órdenes de sus superiores. Y el Procurador
General de la Nación es Esteban Righi, abogado no
solamente del Presidente Kirchner sino también de
José Rodríguez.
Ahora, él que tiene
la última palabra sobre el cierre de la causa en la justicia bonaerense es el Juez Daniel Rafecas.
Y la ley dice que él no tiene que cumplir órdenes.
Texto completo de la causa: J. Nº 3, Sec. Nº 6. Causa nº 17.735/02 “NN s/asociación ilícita”